El
Partido Popular propone acabar con la impunidad que ampara a los okupas para
evitar la proliferación de casos en nuestro término municipal
•
Esta problemática ya está afectando a varias zonas de la ciudad, los barrios y
nuestras pedanías. Tenemos que actuar ahora para evitar que esto se extienda.
Para ello reclamamos cobertura legal para desalojar a los okupas en 12 horas,
castigar con cárcel la okupación con violencia y prohibir que los okupas puedan
empadronarse en viviendas ocupadas.
1 octubre, 2020.- El portavoz del
Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que los
lorquinos necesitamos una ley que permita desahucios exprés en 48 horas y penas
de cárcel de uno a tres años para los okupas, porque la política de brazos
caídos del PSOE ha llevado a que los okupas campen a sus anchas. Es evidente
que la sociedad necesita una ley contundente que proteja al propietario. Por
eso, desde el Partido Popular estamos impulsando una recogida de firmas para
luchar contra la okupación ilegal, una lacra social que cada vez afecta a más
familias que ven cómo los okupas actúan de forma impune sin que haya una
respuesta firme por parte del Gobierno de España. Estamos llevando a cabo esta
iniciativa a través de la plataforma change.es,
junto a una ofensiva parlamentaria para que las administraciones públicas
manifiesten su compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y
la lucha contra la okupación ilegal.
Fulgencio
Gil ha subrayado que el Partido Popular es el gran defensor de la propiedad
privada y no podemos mirar hacia otro lado mientras de manera impune asaltan
viviendas o segundas residencias, cuyos propietarios con esfuerzo y ahorro han
adquirido. Es por ello que instamos al Gobierno de la Nación a que impulse las
reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera ágil la okupación
ilegal de viviendas y, con ello, garantizar el derecho de propiedad, la
seguridad de personas y bienes y la convivencia social. La okupación no puede
entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la
propiedad privada, y el hecho de no perseguir este delito significaría dar
carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede
expandirse a otros ámbitos.
Elo
presidente del PP lorquino ha considerado que los casos de okupación que ya
están afectando a varias zonas de la ciudad y de nuestras pedanías no
constituyen un derecho, sino un quebrantamiento de la ley, por lo que se debe
perseguir y dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas. Los Gobiernos
del PP están impulsando medidas para frenar que las mafias se asienten en sus
territorios, de hecho, en nuestra Región ya se ha lanzado un plan contra estas
mafias que se dedican a ocupar ilegalmente las viviendas; detección temprana
que contará con la participación de los sectores afectados con el fin de
diseñar un procedimiento que impida que se instalen en la Región.
El
senador del PP, Francisco Bernabé, ha recalcado que, al igual que en las Cortes
Generales, “el PSOE en la Región tendrá que posicionarse o a favor del derecho
constitucional o seguir plegado a las exigencias del socio de Gobierno de
Sánchez, Pablo Iglesias, que defiende libremente el movimiento okupa”. Para
Bernabé, “el PSOE está demostrando que está dispuesto a cruzar muchas líneas
rojas por mantener a Sánchez en Moncloa como ha demostrado hoy al Rey de España
se le ha prohibido asistir al acto de entrega de despacho de los jueces, en vez
de solucionar los problemas reales de los ciudadanos que ven cómo se les roba
de manera impune sus viviendas”.
Bernabé
ha explicado que la ley del PP pretende que se pueda desalojar a los okupas en
12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a
3 años. De igual manera, se insta a prohibir que los okupas puedan empadronarse
en viviendas ocupadas ilegalmente y defender así la convivencia y la seguridad
entre vecinos y darle personalidad jurídica a las comunidades de propietarios
para que puedan solicitar solución.
El
senador ha subrayado que “la okupación no puede entenderse como una vía de
acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y, con
esta ley se pondrá fin a la impunidad de estas bandas organizadas”. El senador
ha insistido en que “estas medidas no afectan a los colectivos vulnerables que
no pueden pagar su alquiler de su vivienda, sino a las mafias de okupación
ilegal”.
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