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martes, 11 de mayo de 2021

Dos magistrados del Supremo asesoran a escondidas … al Gobierno

Dos magistrados del Supremo asesoran a escondidas … al Gobierno


Dos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) han asesorado a hurtadillas, furtivamente, bajo mano, a escondidas o como queramos llamarlo, al Gobierno de España en la elaboración del decreto para después del estado de alarma.

KW 77  11-05-2021       Juan Manzanares

La  noticia se ha publicado en varios medios de comunicación generalistas y alguno especializado, provocando un monumental enfado entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y es que dos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) han asesorado a hurtadillas, furtivamente, bajo mano, a escondidas o como queramos llamarlo, al Gobierno de España para la elaboración del decreto para después del estado de alarma.

 Esta actuación es gravísima y pone en cuestión el Estado de Derecho, ya que los magistrados del alto Tribunal, como cualquier juez, forman parte del Poder Judicial y deben velar por controlar los excesos del Poder Ejecutivo, incluso revertirlo si es preciso, de ahí que se configure en la Constitución Española como un Poder independiente. Si, por el contrario, el juez se convierte en parte del legislador, esto es juez y parte, la obligada independencia judicial se convierte en un sarcasmo, y el Estado de Derecho en una filfa.

 Pero es que, además, resulta que el nuevo Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, reforma la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habilita a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo para que pueda aceptar los recursos sobre autos dictados por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en materia de “medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales.” Esta cuestión, hasta ahora, sólo podía ser resuelta por los tribunales autonómicos.

Por tanto, el Gobierno de PSOE, Podemos y sus compinches, en lugar de trabajar para legislar y proponer las reformas legales para facilitar a las Comunidades Autónomas las herramientas legales adecuadas para luchar contra la pandemia -en una clara dejación de funciones-, le endosa la carga a los tribunales Superiores de Justicia y, en última instancia, al Tribunal Supremo.

Imagino que, llegado el caso, -aunque sólo fuese por aparentar que son JUECES y no meros funcionarios al servicio del Poder-, el Tribunal Supremo apartará a esos dos magistrados en los supuestos en que se tenga que decidir sobre esa materia, tal como hizo el Tribunal Constitucional con el magistrado Pablo Pérez Tremps en la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña, con el argumento de que "resultaría contrario a lo razonable negar la existencia de una intervención indirecta" de dicho magistrado en la elaboración de la reforma estatutaria.  Y es que, a juicio del Tribunal Constitucional, el estudio realizado por el presunto en 2003 por encargo de una institución a la que asesoró sobre la reforma estatutaria, y por el que cobró 6.000 euros, supuso una "toma de postura" en relación a los límites constitucionales sobre la asunción de competencias por la Generalidad de Cataluña. Es por ello que la parte recusante (el PP) puede "dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado, lo que constituye un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad con la que el magistrado recusado está en condiciones de abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada."

El resultado de todo esto es una situación kafkiana, donde los que tienen que legislar no legislan, mientras el Gobierno y el partido mayoritario en la oposición no se ponen de acuerdo para repartirse –vergonzosamente- los vocales del Poder Judicial que, a su vez, tienen que nombrar a los que, por omisión o dejación de funciones del Gobierno (los no-jueces), se convertirán en legisladores, aparentando que son jueces. Y es que, como dice un viejo brocardo: "donde no hay justicia, no puede haber derecho"  y donde no hay derecho, sólo queda arbitrariedad.


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